Autoridades municipales de Tizayuca iniciaron una investigación en el área de Asuntos Internos contra los policías involucrados en la detención de dos operadores de tractocamiones registrada el pasado 4 de febrero sobre la carretera libre México–Pachuca, a la altura de la colonia Emiliano Zapata, mientras continúan las denuncias públicas contra la Policía Municipal por presunto abuso de autoridad e intento de fabricar un delito a los conductores.
La apertura del procedimiento interno se dio tras la manifestación realizada este 5 de febrero por integrantes de Transportistas Mexicanos Unidos (Tamexun), quienes se concentraron en el mismo punto de los hechos y mantuvieron unidades de carga sobre el acotamiento en ambos sentidos de la vialidad, en exigencia de la liberación de los vehículos y una respuesta de las autoridades.
En este contexto, el diputado local Pablo Escalante intervino en apoyo al gremio transportista, del cual forma parte, y fue pieza clave para concretar una mesa de diálogo entre representantes del sector y autoridades municipales, lo que permitió destrabar el conflicto y alcanzar los acuerdos que pusieron fin a la protesta.
Durante la reunión, celebrada en la presidencia municipal, personal del ayuntamiento, a través de Erik Ortega Escolano, recibió a una comitiva de la parte afectada, donde se acordó iniciar una investigación en Asuntos Internos por el actuar de los policías participantes en la detención, entre ellos el jefe de turno Edwin de León; además de establecer mesas de trabajo para la difusión del Reglamento de Tránsito municipal y ordenar la liberación inmediata de las unidades de carga.
De acuerdo con el secretario de Seguridad Ciudadana de Tizayuca, Martín Sayago, la detención se realizó bajo el argumento de que los operadores venían “echando carreritas” y zigzagueando. Sin embargo, los conductores rechazaron esta versión y señalaron que resulta imposible realizar ese tipo de maniobras cuando se transportan cargas de hasta 30 toneladas, por lo que acusaron que se intentó fincarles un delito.
Tras el aseguramiento, los operadores fueron puestos a disposición del juez cívico, mientras que los tractocamiones, que quedaron abiertos y encendidos en el sitio, fueron remolcados al corralón de Grúas Hidalgo, ubicado en la colonia Ciudad de los Niños.
Posteriormente, y como parte de los acuerdos alcanzados, se ordenó la liberación de las unidades, cuyo propietario tuvo que cubrir un pago de 850 pesos por el tiempo que permanecieron en el corralón. Las autoridades informaron que a los jóvenes no se les logró comprobar ningún delito, por lo que salieron sin contratiempos del juzgado cívico y por la tarde, los vehículos fueron devueltos.
Pese a ello, representantes del gremio transportista señalaron que las denuncias contra la Policía Municipal continúan, al considerar que este caso evidencia un presunto abuso de autoridad, por lo que darán seguimiento al proceso interno y a los compromisos adquiridos durante la mesa de diálogo.
