El pasado 1 de junio de 2025, México vivió un hecho histórico al celebrar por primera vez elecciones populares para elegir jueces, magistrados y ministros federales, como parte de la reforma judicial impulsada por el nuevo gobierno.
Los comicios incluyeron la elección de 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2 magistrados de la Cámara Superior del Tribunal Electoral, 15 magistrados regionales, 5 miembros del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, así como más de 800 jueces y magistrados de circuito.
La jornada, sin embargo, registró una participación de apenas 13 % del padrón electoral, la más baja en un proceso federal en la historia reciente del país.
El oficialismo celebró el proceso como un avance en materia de transparencia y legitimidad, al sostener que ahora “el pueblo elige directamente a quienes imparten justicia”. En contraste, organismos internacionales y expertos en derecho advirtieron que el modelo podría comprometer la independencia judicial y abrir la puerta a presiones políticas sobre el Poder Judicial.
Actualmente, el Instituto Nacional Electoral prepara una evaluación integral del proceso, mientras que diversas organizaciones civiles piden una revisión constitucional del modelo antes de su segunda aplicación prevista para 2031.
