El Gobierno del Estado de México anunció recientemente un aumento en la tarifa básica del transporte público, pasando de 12 a 14 pesos. Este incremento equivale a cerca de un 17 % de aumento, y aplica a los primeros cinco kilómetros de recorrido. Por cada kilómetro adicional se cobrará un extra de 25 centavos.
La medida ha generado reacciones divididas. Por un lado, los transportistas, representados en la organización Canapat (Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo) por Odilón Pérez Nava, defienden el incremento como necesario ante los crecientes costos de combustible, mantenimiento de unidades y otros insumos. Argumentan que desde hace meses han absorbido incrementos en costos operativos que hacían insostenible mantener intactas las tarifas.
Por otro lado, usuarios han reaccionado con escepticismo y preocupación. Muchos señalan que, si bien aceptan que el alza puede estar justificada por costos, no existe garantía de que el servicio mejore: critican unidades antiguas, falta de mantenimiento, conductores mal capacitados y deficiencia en medidas de seguridad. Algunos usuarios advierten que muchos usuarios ya destinan gran parte de su ingreso diario al transporte, por lo que incrementos como este pueden resultar gravosos.
En varios municipios del Estado de México —como Toluca, Naucalpan y Texcoco— ya se han registrado manifestaciones y protestas de usuarios en contra del alza. La Secretaría de Movilidad estatal, encabezada por Daniel Sibaja, ha señalado la disposición a recibir contrapropuestas y diálogo con transportistas y ciudadanía.
Una tensión subyacente es que gran parte del transporte en la entidad está operado por empresas privadas o concesionadas, no directamente por el estado, lo cual complica su regulación y supervisión.
