María Guadalupe Martínez, de 48 años y originaria del municipio de Temoaya (Estado de México), se encuentra en el centro de un caso legal que ha despertado atención pública. Está acusada de delitos graves: abuso sexual, tentativa de feminicidio e intento de secuestro, por los cuales podría enfrentar hasta 50 años de prisión.
Martínez sostiene que estas acusaciones surgieron después de que ella solicitara, en 2021, pensión alimenticia para sus hijos. Alega que la pareja actual de su exesposo orquestó las denuncias como represalia. Durante el proceso, denuncia que no se le ha permitido presentar pruebas clave para su defensa y que no se le ha proporcionado interpretación en su lengua materna (otomí), lo que vulnera sus derechos como mujer indígena.
Durante casi dos años estuvo presa, y al salir quedó bajo vigilancia con un brazalete electrónico que limita su movilidad. Su defensa ha presentado contradicciones en los testimonios y fallas procesales que, argumentan, requieren una revisión profunda del caso con perspectiva de género e interculturalidad.
La familia de María Guadalupe sostiene que el proceso ha tenido irregularidades graves: omisión de pruebas, falta de acceso a mecanismos adecuados de defensa y una narrativa que no incorpora su condición indígena. Ellos exigen una revisión judicial que garantice sus derechos fundamentales.
Este asunto ha generado debate sobre el trato legal que reciben las mujeres indígenas en juicios penales, especialmente en regiones donde la justicia local carece de mecanismos suficientes para garantizar equidad y perspectiva de género.
